Algunas reflexiones y comentarios sobre la resolución en torno a la Deuda aprobada por Podemos el 19 de octubre

por Andreu Tobarra

Se plantea una vinculación entre el crecimiento y un nuevo modelo distributivo y productivo, siendo el primero una condición del segundo. La deuda se convierte en este esquema en un impedimento del primero o causa principal, que habría que solucionar, aunque fuese muy parcialmente, para que la relación causal actuara suficientemente. Es decir, consigamos crecer y conseguiremos redistribuir socialmente mejor.

La prioridad no debe ser en primera instancia la recuperación económica. Si aceptamos esta concatenación causal en la que como antecedente y causa se sitúa el crecimiento o la recuperación económica, estamos estableciendo que la recuperación es condición necesaria para poder plantearse consecuencias o efectos socialmente necesarios, como una distribución del producto social diferente y mucho menos injusta.

Esta vinculación causal es falsa, se pueden obtener mejoras sociales importantes, es decir redistributivas, sin crecimiento. Basta con invertir la cadena causal o construirla en otra forma. Por poner un ejemplo de reformulación: se consiguen medidas redistributivas, con y sin crecimiento, simplemente redistribuyendo. La historia económica nos da suficientes ejemplos de esta afirmación. Si hay algo a lo que vincular la redistribución, en el sentido de un mejor reparto social del producto social, es a la lucha de las clases subalternas, al menos en unas cuantas de sus expresiones más habituales en la historia de los movimientos sociales.

A ello, hay que añadir que no existen en Ciencias Sociales pruebas absolutamente satisfactorias y exactas de las relaciones causales. Esto no significa que carezcamos de pruebas o contrastes de las mismas, sino que tienen un carácter la mayor parte de las veces estocástico que nos sitúa en una estimación del valor probable (valores probabilísticos de las diferentes opciones esperadas o resultados). En esa forma la construcción de una relación causal no puede venir en exclusiva de una comprobación empírica, tiene que venir apoyada en un modelo teórico substancial. Esto significa que podemos construir diferentes explicaciones para un mismo o muy similar fenómeno social o económico, basadas en diferentes postulados teóricos. Y esta es la puerta por la que se cuelan e introducen explicaciones diferentes pudiendo camuflar ideologías divergentes para justificar actuaciones muy opuestas frente a un mismo fenómeno.

Simplemente en algunos casos basta por empezar por el final. Lo primero que se escribe es la consecuencia y a continuación se construye la causa sobre la que se desea actuar de forma principal y no sobre ninguna otra. Lo de menos es que esto no sea cierto, basta con que se presente como si lo fuese y que otras causas reales sobre las que habría que actuar haya quedado expulsadas de la relación causal que en estos términos puede interpretarse como un cierto modelo de funcionamiento de las cosas, alternativo a otras construcciones causales que pudieran estar igual, al menos, o mucho más fundamentadas.

No es correcto afirmar que hay que desendeudarse para poder crecer. Y mucho menos sin plantear siquiera que es lo que va a crecer (o quienes van a hacerlo, que es equivalente a afirmar que otros no van a crecer). Hay que desendeudarse porque es un mecanismo de dominación, injusto y tremendamente dañino para una mayoría de ciudadanos/as.

Podríamos tener crecimiento y que no por ello mejorase particularmente la situación en la que se encuentran la mayoría de personas. Es la distribución social la que determina el nivel de bienestar, para una determinada situación económica y no el crecimiento. En EEUU tuvieron que inventar un nuevo concepto social, también válido en los periodos de crecimiento económico, que fue el de trabajador pobre, referido al hecho de que se puede tener trabajo y no por ello dejar de ser pobre. La pobreza es una categoría social que hasta hacía no demasiado tiempo iba asociada en su inmensa mayoría a aquellos que no formaban parte del mundo del trabajo y en esa forma se explicaba su pobreza. Eso ha dejado de ser válido, ambos mundos se han intersectado, con y sin crecimiento, en esta fase del capitalismo realmente existente y no en un mundo reinventado y reinterpretado sobre modelos irreales.

Otro elemento que deberíamos incluir en la polémica, es el del decrecimiento, que reorienta nuestra mirada y nuestra acción política, hacia nuevos paradigmas ecológicos, poniendo en cuestión y evidenciando las falacias incorporadas en una gran mayoría de las ideologías pro crecimiento, incluidas, desde luego, también las neokeynesianas y las productivistas del socialismo real.

La existencia de transparencia en la realización y resultados parciales y finales que proporciones la auditoria, no es suficiente.

¿Cuál es la gran diferencia respecto a una auditoria ciudadana?

La participación directa, es lo que separa una forma de auditar de la otra. Una auditoría siempre debe de contar en su realización de expertos contables, pero esta intervención de expertos puede ir acompañada de la presencia y participación social en la discusión de los caminos a seguir y la valoración de los datos que se vayan obteniendo, en sus implicaciones y consecuencias, que rarísima vez son objetivas y determinables en exclusiva por los técnicos de una forma abstracta-asocial y “científica”, bien al contrario, la toma de decisiones está impregnada de un componente político e ideológico extraordinariamente grande, como todos los campos de conflicto y lucha política por el mantenimiento o la modificación de posiciones de poder y sus correlatos económicos.

• Organizaciones sociales: asociaciones, plataformas…

• Organizaciones políticas: partidos, sindicatos…

• Representación ciudadana: una elección a sorteo entre personas voluntarias, algún tipo de elección o ratificación de propuestas de organizaciones,…

Mientras que la presencia de los expertos se entiende necesaria solo en algunas partes del proceso (que sin su aportación no serían posibles) nunca en todas ellas.

A ello hay que añadir que las decisiones, una vez escuchada e interpretada claramente la voz de los técnicos, son tomadas en una esfera diferente a la que solo involucra a los especialistas.

Finalmente, añadir el tema de la moratoria, que suele desaparecer en las propuestas reestructuradoras. La moratoria va unida al proceso de auditoria ciudadana y es la expresión de la necesidad de detener el proceso de encadenamiento que supone el pago de la deuda. Supone una ruptura, una interrupción, a la espera de tener los datos objetivos sobre los que actuar socialmente para retomar el control e impedir un desangrado sin fin. La moratoria es un congelado de imagen que permite una reflexión colectiva mientras se investigan y se traen a la luz pública evidencias hasta ese momento ocultas y revestidas de un discurso posiblemente extraordinariamente falso y mal construido, fundamentalmente en términos de equidad y transparencia.

Admitamos que la definición de reestructuración de la deuda puede ser cualquier cosa, desde el no pago total de la misma, hasta el pago completo de toda la deuda. Y entre ambos extremos, una amplia gama de posibilidades intermedias.

Decimos esto, porque la restructuración puede suponer simplemente un cambio de condiciones en el pago de la misma sin que se vea alterado en absoluto, el pago de la misma, intereses incluidos. En la literatura de los movimientos contra la deuda, los términos habitualmente empleados, son no pago o impago y quita. Desde los movimientos y la red del movimiento que lucha contra la prisión de la deuda y sus consecuencias, muy rara vez se utiliza el término de restructuración, este queda habitualmente reservado, a los organismos internacionales (FMI, BM, UE…), gobiernos y bancos centrales, y por supuesto a aquellas organizaciones políticas que defienden posturas muy moderadas que pretenden no hacer cosas justas y necesarias, sino solo aquellas que pueden ser aceptables por la élites y sus representaciones políticas y sociales.

Por tanto, es complicado aceptar que un cambio de la denominación, del concepto que se utiliza, es simplemente un esfuerzo en ser un tanto original y diferente, primero porque el concepto es utilizado habitualmente por “el otro bando” y segundo, porque ya sabemos que esto suele ser, en esas condiciones, una forma de encubrir que ha habido un cambio no en la representación sino en el contenido. Es decir, es una forma de intentar disimular el cambio de posición, cuando lo que éticamente correspondería es dejar claro la existencia de una modificación de planteamientos y abrir el debate de paradigmas con total transparencia.

Nuestro planteamiento, que es el del movimiento internacional de lucha contra la Deuda, de un no pago de la deuda, es una consecuencia de que previamente se ha realizado una auditoria ciudadana para determinar, entre otras cosas, cual es el monto de la parte ilegítima, construida contra los intereses sociales.

Y es esa parte de la deuda, grande o pequeña, la que debe no pagarse a sus tenedores. Quedaría un pequeño ajuste a determinar por parte de la composición ciudadana de la auditoria y son las decisiones, no técnicas, que involucran pagos y responsabilidades con agentes económicos muy pequeños, como ciudadanos que han adquirido pequeñas participaciones, como tales o en forma de fondos de jubilación o pensiones, por ejemplo. Desde la composición ciudadana de análisis de la deuda, arbitraríamos los medios para resolver estas situaciones. La determinación de la ilegitimidad y su impago hace referencia a los grandes tenedores y a la necesidad de romper la cadena de dominación, apropiación y redistribución económica que la deuda y sus intereses les permiten.

El planteamiento de restructuración de la deuda, rompe con esta concepción y con la vinculación entre la auditoria y el establecimiento de la parte ilegítima que determina el porcentaje de no pago. La restructuración, podría permitir cualquier posibilidad respecto a la cantidad de deuda a pagar, pero esto no es así, es solo una apariencia. La restructuración está vinculada a lo posible y lo aceptable, en términos de lo que interpretan las élites económicas, en términos tanto de la defensa de sus intereses políticos, como de proteger los intereses económicos tanto de un no pago por ilegitimidad, con todo su alcance, como de evitar un no pago por quiebra o imposibilidad de mantener el pago de una deuda más su servicio, creciente.

En resumen, la reestructuración, en los términos del horizonte realmente existente en Europa, está vinculada a la voluntad de asegurar el pago de la deuda, antes que dejar de pagarla. Para lo cual queda vinculada a una “negociación” con los grandes tenedores de la misma, como la banca y fondos de inversión y sus representantes, en forma de banca central, gobiernos y organismos internaciones (FMI…), que establezcan, no la parte ilegítima, sino las condiciones de su pago, aun a costa de perder algo o tener que resituar las condiciones de plazos e intereses en términos más suaves que eviten un NO PAGO por quiebra o imposibilidad de atender los continuos servicios de la deuda.

La reestructuración, entendida en su verdadero mecanismo, más allá del discurso para aparentar lo que no es, permite mantener la deuda limitando el no pago todo lo posible, centrándose en lo que es su verdadera finalidad: simular que se está tratando de reducir la deuda realmente, cuando lo que se establece como principal en la negociación es mantener la deuda renegociando periodos de carencia, tipos de interés, plazos de vencimiento y amortización, pero nunca el no pago mismo de ella vinculado a una auditoria y al sufrimiento ciudadano que comporta.

Las condiciones pueden llevarse al extremo de someter a las poblaciones a una degradación importante de sus condiciones y expectativas de vida, puesto que esta no es una variable importante para las elites, lo determinante no es la ilegitimidad auditada, sino mantener la vinculación de la existencia de la deuda y su pago.

No hay argumentos de defensa de los intereses sociales que impliquen independizar la auditoría ciudadana de la parte que se impaga (“reestructura”) de la deuda. El hecho de separarlos solo puede entenderse en términos de no tener datos objetivos (los proporcionados por la auditoria, que ahora nunca se realizaría) que permitan evidenciar como muy limitada o pequeña la quita de la deuda que se obtenga de una reestructuración que solo puede denominarse así en tanto haya sido negociada y acordada con los grandes tenedores y sus embajadores. Añadamos las evidencias históricas, recientes y pasadas, que confirman que la reestructuración negociada con los poderosos acreedores solo llega a realizarse ante el temor de no poder seguir cobrando la mayor parte de la deuda o perderlo incluso casi todo, lo que les obliga a ceder una parte que nunca podrían cobrar y mantener a cambio las garantías y continuidad de la parte reestructurada, independientemente de cualquier auditoria, porque nunca llegan a realizarse, e independientemente del sufrimiento social de seguir pagando deudas inaceptables.

Vinculado a la misma auditoria ciudadana, antecedente necesario del no pago de la deuda ilegítima y odiosa, queda habitualmente ausente en los programas posibilistas y escasamente reformistas, el siguiente mojón del camino: la nacionalización de la banca, o como mínimo la creación de una banca pública, inexistente en estos momentos. Es decir, la necesidad de tener instrumentos, herramientas financieras, si se desea hacer una política financiera desde las instituciones públicas y a través de sus representantes elegidos. Por el contrario, esta quedaría como hasta la fecha, en manos de aquellos que son los únicos que pueden hacerla, las elites financieras.

En este terreno, un primer paquete de medidas por parte de una representación social realmente transformadora debe incluir junto a la organización de una auditoria ciudadana, la eliminación del odioso artículo 135 introducido por el acuerdo ilegítimo entre el entonces gobernante PSOE y el PP.

Dicha reforma constitucional dictada por la Troika y sumisamente aceptada por Zapatero y Rajoy, iba enfocada supuestamente a reconducir el ya célebre «cumplimiento del déficit», pero lo que en verdad pretendía era un objetivo añadido; buscaba ante todo, que cualquier administración pública española quedara sometida a partir de ahora, al pago de la deuda, antes que atender a cualquiera de sus competencias ordinarias. Es la misma política de asfixia que ya se aplicara las últimas décadas por parte del FMI y el BM en toda Latinoamérica.

La reforma del Artículo 135, imponiendo el concepto de “estabilidad presupuestaria” y la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses, condena a la mayoría de la ciudadanía a la pérdida de calidad de vida y al empobrecimiento continuado, que supone para los más necesitados una condena perpetua, desmantelando el ya escaso modelo de servicios sociales.

El objetivo de conseguir el bienestar de la población, sí necesita el no pago de la deuda, reestructurar la deuda no es una garantía de consecución del bienestar dela población. Es imprescindible la derogación del artículo 135 bis de la Constitución y de la Ley de estabilidad presupuestaria, para resituar en el centro las prioridades sociales y no las de los grandes tenedores de la deuda, es decir, bancos y fondos de inversión.

29/10/2014