PROPUESTA ABIERTA DE COMPROMISO PARA UN PROGRAMA ELECTORAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Creación de una Auditoría Ciudadana de la Deuda municipal con el fin de identificar que parte de la misma es odiosa, ilegítima o ilegal y declarar su impago, así  como conocer cuales han sido los mecanismos del endeudamiento y quienes han sido los responsables para iniciar acciones legales destinadas a depurar responsabilidades y demandar reparaciones.

La Auditoría debe ser:

  •  Ciudadana: Es la propia ciudadanía la que se organiza y la que decide que criterios se utilizan para evaluar la deuda.
  •  Integral: La auditoría no puede ser solo económica, debe abarcar todos los ámbitos de la vida de las personas: género, ecología, urbanismo, etc…
  •  Permanente: El objetivo de la Auditoría Ciudadana no es solo revisar la deuda pasada, también debe velar por la correcta gestión en el futuro, gobierne quien gobierne, por ello debe ser un mecanismo fiscalizador de las políticas pasadas, presentes y futuras.

El papel de la administración:

  • Reconocimiento de la Auditoria Ciudadana como expresión del pueblo soberano, acatando las decisiones de la misma o creando mecanismos democráticos para trasladar la toma de decisiones al conjunto de la ciudadanía.
  • Hacer publica toda la información de la administración: cuentas, contratos, salarios, procedimientos de adjudicación, etc.
  • Poner al servicio de la Auditoría Ciudadana los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones: personal técnico, recursos informáticos, información, espacios públicos, etc

El papel de los expertos:

El personal técnico especializado (contables, economistas, juristas, politólogos, sociólogos…) deberá trabajar al servicio de la ciudadanía, facilitando la labor de la auditoría, pero en ningún caso corresponderá a estos determinar los criterios de categorización de la deuda (legítima, ilegitima, odiosa, etc…), pues esta valoración trasciende lo meramente técnico y corresponde al ámbito de la soberanía popular.

Justificación:

La Auditoría Ciudadana de la Deuda no es un fin en si misma. Debe ser una herramienta de empoderamiento popular que permita a la ciudadanía tomar conciencia de los mecanismos que han llevado a la actual situación. Solo desde la toma de conciencia se podrán acometer las transformaciones necesarias para cambiar el actual modelo político, social y económico.

 

AUDITORÍA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE VALENCIA.

La Auditoría Ciudadana municipal permitirá identificar aquellas deudas que han sido creadas artificialmente con el fin de trasladar dinero público a entidades financieras privadas. Por ejemplo, las deudas con entidades bancarias rescatadas (¿quien debe realmente a quien?), los prestamos entre administraciones públicas en los que entidades financieras privadas cobran grandes intereses por prestarnos nuestro propio dinero, etc.

En el caso concreto de la ciudad de Valencia, la auditoría revelará los mecanismos que han llevado al elevado endeudamiento económico de la ciudad, para determinar impagos y emprender acciones legales contra los responsables públicos y privados que han actuado en contra de los intereses de la población: Ejemplos bien conocidos son los contratos secretos de la Formula 1, el saqueo de Emarsa, los consorcios de gestión público-privada que se han utilizado para gestionar dinero público eludiendo los mecanismos de control a los que obliga la ley, etc.

Pero también ayudará a identificar aquellas deudas del municipio que, al contrario que las anteriores, deberán ser asumidas para revertir la situación y acometer las reparaciones que procedan en cada caso. Ejemplos de ello son las deudas social, ecología y urbanística con los barrios del Cabanyal y La Punta, la deuda de patrimonio en el centro histórico de la ciudad, la deuda moral para con las víctimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006, etc.

La auditoría también debería ser un mecanismo que facilite el necesario proceso de remunicipalización de los servicios públicos, permitiendo revisar los contratos y mecanismos de adjudicación en busca de irregularidades y fraudes de ley que permitan declarar la nulidad de dichos contratos.

Ante la previsible destrucción de pruebas y documentos por parte del actual gobierno local, la auditoría podría utilizar la paralización en los pagos para exigir que sean los propios proveedores y/o acreedores quienes aporten la documentación que acredite su relación con el ayuntamiento.

 

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